La Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala presenta problemas de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad que no garantizan el derecho humano, individual y colectivo a este recurso natural ni a su preservación, además, no responde al problema de contaminación y criminaliza a la sociedad así lo dieron a conocer representantes de 35 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y colectivos .
En rueda de prensa los inconformes expresaron su preocupación ante esta propuesta reciente de la diputada Marcela González Castillo, integrante de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que exigieron que no sea aprobada por el pleno del Congreso local y que se realicen foros de consulta que les incluya y se tome en cuenta los diálogos para bien de la sociedad tlaxcalteca.
Por lo que ante los medios de comunicación , indicaron que ya entregaron en Palacio Legislativo un documento dirigido a diferentes áreas competentes. La directora del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.,Alejandra Méndez Serrano, demandó una ley “que realmente garantice el derecho humano individual y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación”.
La también Coordinadora por un Atoyac con Vida, Alejandra Alejandra Ramírez Varela, dijo que esta proposición es violatoria porque argumenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) «ha establecido que son necesarios entre 50 a 100 litros de agua por persona al día, para cubrir que cantidades básicas, cuando en realidad ha señalado que lo óptimo es de 100 en adelante».
Además vulnera la asequibilidad, pues en el artículo 66 párrafo IV de la iniciativa se indica que se podrá suspender el servicio potable por falta de pago de las tarifas establecidas.
Por lo que comento que si en su momento promueven algún amparo por parte de las OSC, en caso de que esta propuesta de ley fuera aprobada en estos términos, cualquier amparo de una forma ostensible “va a prosperar” y serán agotadas todas las vías para lograr el diálogo con las y los diputados locales y que se consulte a la ciudadanía, a efecto de construir una iniciativa que brinde garantías.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez Rivas, señaló que esta iniciativa “choca contra la Constitución federal y el derecho internacional de los derechos humanos».
Detalló que no tiene como base el reconocimiento de que el 80 por ciento de los 60 municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, “con un alto impacto negativo de la contaminación de los ríos sobre la salud de la población”.
Incluso no tiene en cuenta “que, a partir de los procesos de urbanización y particularmente el de industrialización, se ha generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica”, pues se calcula que este acuífero registró una disminución de 37.09 por ciento entre 2013 y 2020, según investigaciones del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.