*Omisiones legales, abandono animal y falta de políticas públicas como factores de riesgo
La crisis evidenciada recientemente en el Refugio Franciscano no debe analizarse como un hecho aislado ni reducido a la voluntad —o falta de ella— de personas rescatistas. Es una alerta pública sobre lo que ocurre cuando el bienestar animal se sostiene sin respaldo institucional, sin recursos suficientes y sin aplicación efectiva de la ley.
El bienestar animal no depende únicamente de contar con un espacio físico. Requiere recursos económicos estables, personal capacitado, supervisión permanente y el cumplimiento real de la legislación vigente y de las disposiciones veterinarias. Cuando estos elementos no existen, el colapso es previsible.
La problemática del abandono animal tiene su origen, principalmente, en la irresponsabilidad de tutores que adquieren animales sin asumir las obligaciones legales y éticas que ello implica. La falta de esterilización y de sanciones efectivas deriva en reproducción indiscriminada y en un incremento constante de animales en situación de calle.
En Tlaxcala, aunque existen disposiciones legales relacionadas con el control de poblaciones caninas, su aplicación ha sido prácticamente nula. La ausencia del Reglamento de la Ley de Bienestar Animal y el incumplimiento de obligaciones por parte de dependencias estatales, municipales y ayuntamientos han generado un vacío operativo que impide una atención integral.
Ante esta omisión institucional, la carga recae de forma desproporcionada en personas protectoras independientes y refugios, quienes realizan rescates solidarios sin que ello pueda ni deba sustituir la responsabilidad del Estado. El rescate total es inviable sin presupuesto, infraestructura adecuada y personal especializado.
De manera extraoficial, la UNAM ha estimado que solo el 30 % de los perros tiene tutor, otro 30 % es comunitario y el 40 % se encuentra en abandono total. En Tlaxcala, de acuerdo con el INEGI, existen más de 518 mil perros con tutor, lo que permite dimensionar la magnitud del problema y el riesgo de saturación de cualquier sistema informal de rescate.
La mayoría de los refugios opera con recursos personales, apoyos ciudadanos intermitentes y sin estabilidad financiera, muchos de ellos en espacios rentados, lo que dificulta garantizar condiciones adecuadas de bienestar animal y atención veterinaria permanente.
A esta situación se suma la falta de aplicación de los artículos 11 fracciones V y VI; 34 al 43; 54 al 56; y 227 de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, relativos a la regulación, supervisión y funcionamiento de refugios. Actualmente, la Coordinación de Bienestar Animal no cuenta con un padrón oficial de refugios, derivado, entre otros factores, de la inexistencia de reglamentos, manuales de organización y procedimientos.
Estas omisiones institucionales colocan a Tlaxcala en un escenario de riesgo real, en el que podría reproducirse una crisis como la del Refugio Franciscano, si no se actúa de manera inmediata, responsable y conforme a la ley.
Señalar las fallas estructurales no es atacar al rescate animal: es exigir que el Estado cumpla su obligación.