*Servidores públicos que retrasen o entorpezcan procesos serán sancionados
Esta mañana en el Congreso Local del Estado de Tlaxcala los legisladores aprobaron sancionar hasta con 8 años de cárcel y multa de 800 a 1200 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), así como la pérdida de la patria potestad de hijas e hijos para las personas que incurran en Violencia Vicaria.
Consideraron que la “Violencia Vicaria. Es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, dependiente económico, animal de compañía o bienes de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o alguna relación sentimental con la misma, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objeto sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer; y Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Entre las modificaciones realizadas a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecen las medidas del cumplimiento de las órdenes de protección, tanto para las niñas, niños y adolescentes como para las mujeres víctimas de violencia.
También se puntualiza que por ninguna circunstancia las autoridades notificarán de sus actuaciones a la persona agresora, buscando la protección e integridad de las víctimas, por lo que las instituciones deberán ser quienes trabajen con perspectiva de género y en la erradicación de la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el maltrato infantil.
Dicha iniciativa contine siete expedientes parlamentarios que contenían las iniciativas de las legisladoras Diana Torrejón Rodríguez, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Lorena Ruiz García, los legisladores Miguel Ángel Caballero Yonca y Jorge Caballero Román y de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer.
Señalaron que toda orden de protección emitida por un juez, deberá establecerse en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Además, los servidores públicos que conozca el asunto y retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, será motivo de responsabilidad, por lo que se sancionará conforme al delito que corresponda.